“Tengo entendido que el día miércoles va a prestar su declaración informativa y será la comisión de fiscales que se ha conformado (quienes) puedan resolver su situación (…)”, declaró al canal estatal Bolivia Tv el fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
La víspera, en la instrucción del mismo expediente penal por la tragedia en la localidad paceña de Bajo Llojeta, el Ministerio Público determinó la detención preventiva del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, acusado de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes.
Mariaca confirmó que contra ese alcalde “(…) se tiene que realizar la imputación formal correspondiente y ya en lo posterior se va a determinar, cuando se presente el alcalde de la ciudad de La Paz el señor Iván Arias”, quien confirmó en declaraciones al canal DTV que será este miércoles.
La máxima autoridad del Ministerio Público informó que los tres fiscales destinados a este caso encontraron los suficientes elementos contra el alcalde de Achocalla a quien presentarán este martes ante un juez cautelar que debe definir la situación, la cual puede ser detención preventiva o domiciliaria.
Esta pesquisa abarca los sucesos de Bajo Llojeta, en la ladera sureste de la ciudad de La Paz, ocurridos la noche del 23 de noviembre.
Una mazamorra (corriente de miles de toneladas de lodo) cubrió todo un barrio y provocó la muerte de una menor de 5 años, cuyo fallecimiento agravó la situación porque se incluyó en el expediente el delito de homicidio culposo.
Como parte de la pesquisa, Condori declaró el 28 de noviembre, al igual que Arias.
Ambos responsabilizaron del desastre a la Inmobiliaria Kantutani, que realizó un movimiento de tierras en el Cementerio Los Andes, en la parte alta de Bajo Llojeta.
“Quiero ser claro y enfático en esto, en ningún momento el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla ha dado orden para el movimiento de tierra. Soy claro y objetivo en esto, tenemos documentación cotejada que lo respalda”, sostuvo Condori el 26 de noviembre.
A su lado, Arias informó en esa conferencia de prensa que el municipio paceño emitió varias advertencias a la empresa para que suspendiera los trabajos.
“Verificamos con nuestras fuentes estadísticas -comentó Arias-, no hay ninguna autorización, tenemos información y las advertencias, así como llamadas de atención a esta empresa, indicándoles el peligro que podrían ocasionar (…)”.
Pese a que el propietario de la empresa se encuentra en Perú, la Policía también ejecutó otras tres órdenes de aprehensión contra los responsables de la empresa, de tal modo que este miércoles definirá sus situaciones el juez cautelar.
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