En la actualidad esa práctica solo está permitida en tres causales: cuando hay inviabilidad fetal, peligro para la vida de la madre o violación.
De acuerdo con la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, el esfuerzo principal que se está haciendo ahora es cambiar ese reglamento.
“La ley del aborto va”, dijo Vallejo, y anunció que una iniciativa en ese sentido ingresará en el organismo legislativo antes de enero.
En Chile la interrupción del embarazo fue penalizada en 1989, el último año de la dictadura de Augusto Pinochet, no obstante en 2017 se dio un paso de avance cuando fue promulgada la legislación vigente hoy.
Desde entonces más de cuatro mil 500 mujeres se beneficiaron con esta ley, pero según cifras no oficiales, entre 30 mil y 150 mil recurren cada año a prácticas sin apoyo médico, lo cual pone en peligro sus vidas.
De acuerdo con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el objetivo es lograr una normativa que garantice a toda fémina tener acceso a prestaciones de salud y evitar las prácticas clandestinas.
Tenemos que apuntar a una legislación que incluya la posibilidad de un aborto seguro, legal y ojalá gratuito, advirtió la vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González.
Para las organizaciones femeninas, la ley debe incluir la atención primaria de salud y a las comunidades y estar acorde a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En todo el cono sur latinoamericano solo tres países tienen legalizado el aborto: Colombia, Uruguay y Argentina.
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