Los territorios que se mantienen bajo esa excepcionaldiad desde el 3 de octubre son Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Orellana, además del distrito metropolitano de Quito y al cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia de Azuay.
Esas localidades han sido identificadas como áreas críticas donde la violencia organizada y la delincuencia han alcanzado niveles preocupantes.
Con la extensión del estado de excepción, las fuerzas policiales y militares están amapradas para intensificar sus operaciones y mantener un control más estricto sobre el orden público.
Este nuevo decreto cumple los parámetros dispuestos por la Corte Constitucional en el dictamen divulgdo el 21 de noviembre pasado.
En su fallo, el organismo judicial determina la legalidad del estado de excepción emitido originalmente el 3 de octubre, pero consideró inconstitucionales medidas como la suspensión del derecho a la libertad de reunión.
La sentencia reconoció la existencia de una “grave conmoción interna” como justificación del decreto de excepcionalidad; sin embargo, insistió -como en ocasiones anteriores- en la inconstitucionalidad del “conflicto armado interno” declarado por el mandatario en enero de este año.
De acuerdo con el fallo, la población ecuatoriana ha vivido nueve de los primeros 11 meses del año en medio de la excepcionalidad como medida dirigida específicamente a combatir la situación de violencia que atraviesa el país y con suspensiones de derechos.
Por ello, exhortan a las autoridades a utilizar las medidas previstas en el régimen ordinario para combatir la crisis de seguridad existente en el país.
De acuerdo con el Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional disminuyeron un 18 por ciento en 2024 respecto al año anterior, pero los delitos no cesan y las muertes violentas superan las seis mil de enero a la fecha.
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