Las autoridades venezolanas informaron oportuna y ampliamente a la Fiscalía de la CPI sobre las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos.
Un comunicado de la Cancillería consideró preocupante que “el Fiscal no haya sido puesto al tanto de estos avances y el punto exacto en que se encuentran los asuntos abordados en sus desacertadas declaraciones”.
Ello incluye la reactivación de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano, concretada en el mes de noviembre del corriente año, indicó.
Lamentó asimismo de manera profunda que Khan “se deje llevar por informaciones de campañas públicas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales que pretenden aplicar el colonialismo jurídico contra Venezuela”.
Todo, indicó, a pesar de contar con canales de comunicación directa con los órganos nacionales de justicia, en un país donde se respeta el Estado de Derecho de manera independiente.
La República Bolivariana reiteró que si algo se encuentra agotado en el siglo XXI es el colonialismo jurídico.
Subrayó que Venezuela es un Estado libre y soberano que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, contra toda iniciativa que pretenda utilizar la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su razón de ser y los principios del derecho internacional.
El Gobierno bolivariano extendió una nueva invitación al Fiscal de la Corte Penal Internacional para visitar el país y seguir abordando, de manera directa y constructiva, los compromisos mutuamente adquiridos en el ámbito de la complementariedad positiva.
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