El hecho fue confirmado por el ex primer ministro, Alberto Otárola, la víspera, cuando fue interrogado por la comisión de Fiscalización del Parlamento sobre el tema y señaló que la mandataria se lo dijo invocando razones de salud.
El semanario Hildebrandt en sus Trece investigó el hecho ante la evidencia del ligero cambio del rostro de la mandataria y por el hecho que la agenda de la presidenta, que consigna a diario sus actividades, estuvo vacía entre 12 días entre junio y julio de 2023.
Otárola confirmo también que, ante la ausencia física de la mandataria, coordinaba con ella por teleconferencia y coordinaba las labores del gabinete ministerial, lo que ha dado pie a interpretaciones según las cuales reemplazó ilegalmente a Boluarte.
La revelación motivó reacciones que oscilaron entre el alegato de juristas, parlamentarios y políticos aliados del Gobierno, de que el hecho es casi anecdótico, y la interpretación de constitucionalistas y opositores, de que Boluarte, al ausentarse durante 12 días incurrió en infracción constitucional y hasta amerita su destitución.
El jurista Luciano López señaló que la constitución establece que, al interrumpir sus labores, la mandataria debió informar previamente al Parlamento para que el presidente de este asuma la encargatura temporal del despacho presidencial,.
Añadió que por ello, Boluarte ha incurrido en infracción constitucional, en lo que coincidió el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien acotó que solo podría ser procesada cuando deje el cargo, en julio de 2026.
A ello se sumó el dirigente y usual vocero del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), Miguel Torres, al sostener que los pedidos de vacar (destituir) a la presidenta por “permanente incapacidad moral”, como plantea la oposición minoritaria, son solo “acrobacia jurídica” que FP no apoyará.
Sin tal respaldo, la mandataria tiene asegurada su permanencia en el cargo, pero al mismo tiempo, al carecer de fuerza parlamentaria propia y ser desaprobada por más de 90 por ciento de los peruanos, según las encuestas, seguirá dependiendo de sus aliados, que alegan la defensa de la estabilidad para mantenerla en el cargo.
Tal vez por eso, hoy Boluarte dijo hoy, en medio de críticas y acusaciones de frivolidad y falta de transparencia, en un acto público que saldrá “por la puerta grande” al término de su mandato, el 28 de julio de 2026 y omitió referirse a su cirugía
Sin embargo, para hoy fueron citados para ser interpelados los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, y de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ambos del entorno más cercano de la jefa de Estado.
Y, de cuando en cuando, como en estos días, asoma el fantasma de la vacancia, que solo requiere una mayoría calificada, sin más razón que la convicción de que ha incurrido en incapacidad moral, en el supuesto, negado hasta ahora por la mayoría parlamentaria.
Mientras tanto, el caso de la rinoplastia sigue su curso, investigado por la comisión de Fiscalización del Congreso, cuyo integrante Carlos Zeballos dijo que si la operación no haya sido costeada por ella, habrá cometido delito (los presidentes están prohibidos de recibir prebendas o regalos) y el médico que la operó debe mostrar el documento que acredite el pago.
También es necesario, agregó, investigar un posible tráfico de influencias, pues una médica vinculada al profesional que operó a Boluarte fue designada presidenta del sistema de salud de la seguridad social, mientras el Gobierno niega que haya sido así.
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