Tal número fue dado a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), órgano responsable de las acusaciones.
Según la institución, dos años después de los episodios antidemocráticos, 229 personas fueron penadas como ejecutoras de los actos y 81 en calidad de instigadoras.
Las condenas de los interventores oscilan entre 15 y 17 años de prisión, por delitos de asociación criminal armada, daños calificados, deterioro del patrimonio declarado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe de Estado.
En el caso de los inculpados por incitación, las sanciones son de un año de cárcel, pero fueron sustituidas por prestación de servicios comunitarios y la presencia en un curso sobre democracia.
También los sentenciados tienen el pasaporte retenido, porte de armas revocado y deberán pagar de forma solidaria cinco millones de reales (un poco más 830 mil dólares) por daños morales colectivos.
La nota de la PGR revela además que 500 acusados firmaron acuerdos de no persecución penal y sus procesos fueron cerrados.
El pacto permite que los imputados que no participaron directamente en los eventos de irrupción y saqueo de instituciones democráticas puedan confesar los crímenes a cambio de medidas diversas.
Aunque por su historia, Brasil nunca figuró como blanco específico de la acción de grupos terroristas, la polarización y el discurso de odio visceral que emanó del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) condujo a actos de este tipo.
Partidarios radicales del exmandatario disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero de 2023 cayó la máscara, la orden fue dada y casi siete mil extremistas bolsonaristas (adeptos del exmilitar, apropiados del color amarillo de la bandera y bajo gritos de intervención militar), invadieron y depredaron los edificios de los Tres Poderes en la Explanada de los Ministerios.
Un grupo de nueve fiscales examina desde el 2 de diciembre la investigación de la Policía Federal que acusó a Bolsonaro y a otras 36 personas por supuesta participación en el complot golpista.
La pasada semana, la PGR recibió el documento oficial enviado por la Corte Suprema y decidirá si el político ultraderechista y los demás inquiridos serán denunciados, pedirá más indagaciones o archivará el sonado caso.
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