El operativo se efectúa en una firma de auditores, detalló el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien amplió que la pesquisa comenzó hace cuatro meses y descartó que esté relacionada con el mayor fraude fiscal en la historia del país.
A nosotros nos sorprende la actitud del superintendente de la SAT, porque él no está siendo investigado; la empresa de sus familiares, sí, remarcó.
Nos asombra que el gobierno salga a defenderlo, cuando desconocen la investigación, subrayó Curruchiche.
El presidente de la nación, Bernardo Arévalo, consideró esta mañana una afrenta las acciones contra Díaz, a quien calificó de funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene actualmente la SAT.
“Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés”, señaló el mandatario mediante su perfil en la red social X.
Este sinsentido debe detenerse, porque es todo el país el que pierde ante un sistema coartado y ciego ante la corrupción, aseveró el político de 67 años.
El jefe de la SAT advirtió la víspera que no goza de derecho de antejuicio, por lo que podría ser aprehendido en cualquier momento por una solicitud de juez.
Expresó que sería una intromisión a sus funciones si se concretara una detención al valorar solo las declaraciones de acusados en el caso.
Distintos sectores expusieron luego su repudio a la supuesta investigación que lleva a cabo el MP.
Después de la denuncia pública en agosto pasado del caso B410, algunos señalados acudieron a instancias legales para revertir las acciones de la SAT.
El abogado Edgar Ortiz mostró su inquietud porque este tipo de maniobras judiciales sean un patrón que presenta el MP para perseguir a quienes denuncian la corrupción.
Calificó el hecho de terrible precedente y un enorme daño a la institucionalidad, “porque no es un ataque a Marco Livio, sino a la SAT y su autonomía”, aseveró.
La SAT removió a la nación cuando reveló el robo al Estado de al menos el equivalente a unos 38 millones de dólares por una estructura criminal.
Considerado el mayor fraude fiscal en la historia de Guatemala, el B410 transcurrió durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, planteó tiempo atrás Arévalo.
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