La iniciativa alargada a solicitud del gobierno estará vigente hasta el 5 de enero de 2025, por lo que los salvadoreños entrarán a un nuevo año con la suspensión de varias leyes que restringen algunos derechos, aunque recibe un mayoritario apoyo de la población.
El régimen de excepción entró en vigencia el 27 de marzo de 2022 como respuesta del gobierno a las acciones criminales de las llamadas maras que, por ejemplo, en esos días asesinaron a más de 80 personas en un fin de semana.
El voto en el legislativo fue de 57 a favor de los 60 diputados, 54 de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, y tres de sus aliados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Concertación Nacional (PCN), dos abstenciones de Arena y uno en contra de la diputada de Vamos.
La medida suspende tres derechos constitucionales establecidos en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
El régimen es fundamental para que hoy el país se acerque a una cifra récord en el índice de homicidios, menos de dos al termino de 2024, y permitió el arresto de más de 83 mil pandilleros.
Probablemente pronto podamos relajar las medidas, no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar, dijo Bukele el 1 de diciembre, meses después de afirmar en entrevista con la revista estadounidense Time que podría suspenderse en corto tiempo.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo en conferencia de prensa esta semana que aún están en libertad cerca de ocho mil pandilleros.
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