Como medidas de reparación, el organismo estableció que la compañía, de capitales japoneses, debe pagar 120 mil dólares a cada una de las 342 víctimas, así como cantidades adicionales en función de condiciones específicas de algunos afectados.
Asimismo, la instancia judicial exigió un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas.
La Corte determinó que Furukawa mantuvo por más de cinco décadas una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba, que consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas.
“Los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud», según el dictamen.
La sentencia también señala que se verificó un daño general a los abacaleros y al tejido social, así como afectaciones desproporcionadas a mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas que sufrieron mutilaciones al cultivar el abacá.
Dichas violaciones tuvieron lugar en las fincas en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, donde se cultivaba el abacá, planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, utilizadas en la fabricación de papel.
Asimismo, el tribunal constitucional declaró responsables de esa situación a los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, porque «omitieron adoptar medidas de prevención y protección frente a la violación de la prohibición de la esclavitud».
Como reparación por la responsabilidad institucional, la Corte ordenó la creación de una política pública interinstitucional dirigida a atender y superar las causas estructurales que favorecieron la servidumbre de la gleba.
Organizaciones de derechos humanos y el colectivo Furukawa Nunca Más celebraron hoy la decisión, considerada histórica tras varios años en busca de justicia.
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