Según detalló en su misiva el exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, las recientes declaraciones del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, representan un grave riesgo de la seguridad jurídica de los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016.
Alegó que no se puede entender que el magistrado esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente, razón por la cual los procesos terminarán ante la justicia ordinaria con penas de cárcel.
Londoño añadió que los integrantes de esa instancia son los jueces seleccionados para administrar la justicia transicional y restaurativa, y que a nadie como ellos debe exigírseles absoluta imparcialidad, así como a la sujeción plena a la letra y al espíritu de lo acordado.
“En ese sentido, del modo más respetuoso, me permito exhortar a los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a Cuba y a Noruega, como garantes del Acuerdo de Paz, y a la comunidad internacional en su conjunto, a examinar con detenimiento lo que viene ocurriendo”, reza el comunicado.
Agregó asimismo que en esta materia no solo está en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, sino la piedra angular para que las presentes y futuras generaciones puedan vivir sin los padecimientos de la guerra.
La carta divulgada por Londoño reitera una preocupación ya expuesta antes por los firmantes a cuanto a la demora de las sanciones que corresponde al órgano de justicia transicional emitir.
En respuesta a su misiva, la JEP difundió a su vez un comunicado en el que asegura que los firmantes de Paz, los integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que comparecieron ante ese ente, tendrán derecho a una sanción propia y a resolver su situación jurídica siempre y cuando asuman su responsabilidad públicamente y entreguen verdad detallada y exhaustiva.
“No basta con asumir responsabilidades de manera general y eludir a las víctimas”, expresó la JEP en respuesta a la comunicación del presidente del partido Comunes.
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