Según reseña el sitio digital la Prensa Canadiense, el organismo, representativo los pueblos originarios, aprobó una resolución en la que exige se investigue la actuación de los uniformados y las muertes relacionadas con ellos después del asesinato de nueve personas pertenecientes a comunidades indígenas en menos de cuatro semanas, en agosto y septiembre.
Tres mujeres cuyos hijos murieron durante una interacción con los agentes pidieron al gobierno federal encabezado por Trudeau que reforme la Real Policía Montada de Canadá.
Ante la Asamblea, que sesionó en Ottawa, el primer ministro reconoció la aflicción de las víctimas, pero no se pronunció por tomar acciones a favor de la demanda.
De esta manera, continúan las denuncias y los pronunciamientos de la sociedad civil contra la policía canadiense, a quien un fallo de Tribunal Supremo de Quebec responsabilizó, este año, de incurrir en prácticas discriminatorias.
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