El titular fue señalado por una exasesora suya de pagar a congresistas a cambio de favorecer las propuestas del Gobierno en el Legislativo, algo que han desmentido tanto el mandatario del país, como el propio Bonilla.
Aún cuando la investigación está en marcha y se trata de un señalamiento que es preciso corroborar por las autoridades pertinentes, la prensa de derecha da por sentado que todo sucedió de la manera en la que la denunciante, que mantiene vínculos con el partido de oposición Centro Democrático, manifestó en sus testimonios.
Ante el escándalo en torno al ministro de Hacienda, Petro solicitó su renuncia, pero en ese mismo mensaje aclaró que no pedía su dimisión por considerarlo culpable de lo que le imputan, sino porque sus enemigos políticos lo quieren “despedazar”.
Lo calificó de gran compañero y de profesor honesto y alabó su desempeño que, según expresó, permitió sacar a Colombia “de la recesión por el sobreendeudamiento que dejó [Iván] Duque (2018-2022)”, en referencia a la situación creada por el anterior gobernante.
“El ministro no entregó cupos indicativos-un mecanismo que incluye prebendas por parte del Gobierno para gestionar en el Congreso sus intereses- a parlamentario alguno, porque yo los denuncié, antes que nadie, y por centenares, y porque había ordenado que no se entregarán desde el primer día de mi gobierno”, aseveró Petro.
En su propia carta de renuncia, Bonilla aseguró que se retiraba con la frente en alto, “confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometí delito alguno en provecho personal”.
Añadió más adelante en su misiva que los duros episodios vividos le dejan lecciones sobre el diseño institucional de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
“Las permanentes dilaciones en el otorgamiento de conceptos, no vinculantes, se prestan a maniobras que dejan al ministro de turno en aprietos”, afirmó.
Sobre el caso de Bonilla, Petro ha disertado mucho, y una de sus reflexiones giró en torno a la corrupción endémica que afecta al sistema político colombiano y a la existencia de mecanismos de negociación como los referidos cupos indicativos.
“Esto, que era el diario vivir de los ministros, y no era investigado antes, se convierte en delito ahora en virtud de la corrupción: transforman a la víctima en victimario”, afirmó.
No hay duda de que los medios opositores se ceban con el revuelo al interior del Gobierno e incluso crean secuelas de la historia que nada tienen que envidiarle a una telenovela.
Divulgaron, por ejemplo, que la solicitud de renuncia a Bonilla fue una retaliación, tras una denuncia que este último habría realizado ante la Fiscalía contra el hijastro de Petro, Nicolás Alcocer, en un caso de supuesto tráfico de influencias y corrupción en la Central Hidroeléctrica Urrá, en el departamento de Córdoba.
El mismo Petro cuestionó tales argumentos en sus redes sociales y aseguró que esa es otra información falsa en su contra, diseñada con la intención de presentar un gobierno dividido y mancillar a su familia.
La salida de Bonilla del gabinete no es un golpe menor, y ocurre mientras el Gobierno intenta salvar en el Congreso su proyecto de ley de financiamiento.
Dicha propuesta es vital para la capacidad de maniobra del Ejecutivo, pues con ella se aspira a recaudar 12 billones de pesos (más de dos mil 700 millones de dólares al cambio actual) para paliar el déficit del presupuesto del año venidero.
“Los parlamentarios que siguen a Cepeda [Efraín], el presidente conservador del Senado, nos llevan de frente y con los ojos abiertos a la cesación de pagos. Pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva al ‘default’, solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente”, aseguró Petro en torno al tema.
Todo el daño que las dudas en torno a la integridad de Bonilla le hacen al Gobierno lo sabe bien la prensa de derecha y echa sal a la herida porque no es un secreto que, a río revuelto, ganancia de opositores.
jha/ifs
