“Se ha realizado operativos, por ejemplo, en Montero, más de un millón de quintales de arroz oculto, cinco ingenios que han sido intervenidos, el 6 de diciembre (…)”, reveló la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Explicó en entrevista concedida al canal estatal Bolivia TV que los operativos de control intervinieron cinco ingenios y secuestraron más de 45 mil quintales del grano.
Indicó que acciones gubernamentales tomadas ante esa situación consistieron en la solicitud de medidas cautelares y decomisar el producto mediante la orden de un juez, de acuerdo con el artículo 71 del Código Penal.
Asimismo, informó que se pagará un precio justo a los propietarios del arroz decomisado, para su posterior comercialización también a precio justo al consumidor final en el mercado interno.
Prada sostuvo que resulta “inconcebible” que se almacene arroz para provocar el incremento de su precio en el mercado interno o sacarlo vía contrabando (a la inversa) a países vecinos, cuando los propios productores informaron que no existía el producto por los efectos de la crisis climática.
Subrayó que todos tienen derecho a ganar lo que corresponde, pero no se puede incurrir en un delito de agio y especulación, acaparamiento, ocultamiento de los alimento.
En referencia a la escasez artificial de aceite comestible en el mercado interno, Prada advirtió que la demanda representa menos del 20 por ciento de la producción total y denunció que existen “operaciones de sabotaje y desabastecimiento” con algo tan sensible, como es la seguridad alimentaria de las familias bolivianas.
Aclaró que la oferta de aceite refinado de soya en el país es de 457 mil 292 toneladas (t), la exportación llegó a un volumen de 328 mil 609 t y el consumo interno alcanzó las 75 mil 992 t hasta el 15 de noviembre, y se estiman que la demanda nacional hasta el 31 de diciembre sea de 12 mil 944 t.
Sobre la base de estos datos, precisó que, aun cumpliendo con el mercado interno y las exportaciones, queda un saldo de 39 mil 747 t.
Enfatizó en que se trata de “(…) algunas personas inescrupulosas que lamentablemente por intereses políticos o por intereses económicos ocultan el producto para esperar que suba más el precio y ganar más a costa de dañar a la población”.
Prada ratificó el criterio de que existe una “guerra económica” que tiene que ver con “operaciones de sabotaje y desabastecimiento” que no son casuales y responden también a una estrategia de desgaste, de debilitamiento a nivel político.
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