Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la asistencia de la nación caribeña reafirma su compromiso con el derecho internacional y la promoción de la justicia en el ámbito global.
Indicó que esta opinión consultiva se relaciona con las responsabilidades de los Estados frente al cambio climático, solicitud emitida por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 77/276 del 29 de marzo de 2023 y de conformidad a lo indicado en el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 65 del Estatuto de la CIJ.
La delegación dominicana estará encabezada por Boni Guerrero Canto, director jurídico de la Cancillería, y Alejandra Torres-Camprubí, en su condición de asesora jurídica externa.
Esta participación refleja el fortalecimiento institucional del país en materia jurídica internacional y su voluntad de contribuir al desarrollo de soluciones justas y sostenibles, aseguró la nota.
“República Dominicana está altamente preocupada por el nivel extremo de urgencia y gravedad que representa la emergencia climática, especialmente en su condición de miembro del grupo de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de las Naciones Unidas», expuso.
El Gobierno reafirmó su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional, «apoyando todos los esfuerzos encaminados a mejorar el cumplimiento y la eficacia del régimen internacional sobre el cambio climático”, concluyó el documento.
La CIJ examina desde la semana pasada las obligaciones legales de casi un centenar de países hacia el cambio climático.
El caso es impulsado por Vanuatu, país ubicado en Oceanía, que denunció una crisis que amenaza su propia existencia debido a la conducta “ilegal de un pequeño grupo de países contaminantes».
Las audiencias continúan este martes, con la intervención de numerosos países, incluidos Estados Unidos, República Dominicana y China.
npg/mpv
