“Va a ser determinante convocar a toda la cadena productiva (…). Esperemos que en esa reunión pueda haber un debate democrático, sano, que tengamos respuestas que, primero, nos permitan levantar las restricciones de la exportación”, afirmó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva.
Informó la autoridad en declaraciones a la prensa que se pretende debatir y transparentar la información sobre la producción, entrega y abastecimiento al mercado interno ante la falta de este alimento y el incremento de sus precios.
Asimismo, sostuvo que el Órgano Ejecutivo no está en contra de los empresarios no productores que quieren exportar, sino que cumple el deber de atender la demanda y garantizar el abastecimiento de la población.
En la semana recién concluida el Gobierno boliviano suspendió de forma temporal las exportaciones de aceite comestible hasta que se normalice el abastecimiento en el mercado interno e instruyó fortalecer el control en la cadena de comercialización.
Silva informó que el precio oficial del litro del aceite comercializado en el territorio nacional por la Empresa estatal de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) es de 11 bolivianos (1,57 dólares); sin embargo, en las naciones vecinas el importe llega a los 30 bolivianos (más de cuatro dólares).
En referencia a la escasez artificial de aceite comestible en el mercado interno, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, advirtió que la demanda representa menos del 20 por ciento de la producción total, y denunció que existen “operaciones de sabotaje y desabastecimiento” con algo tan sensible como es la seguridad alimentaria de las familias bolivianas.
Aclaró que la oferta de aceite refinado de soya en el país es de 457 mil 292 toneladas (t), la exportación llegó a un volumen de 328 mil 609 t y el consumo interno alcanzó las 75 mil 992 t hasta el 15 de noviembre, y se estima que la demanda nacional hasta el 31 de diciembre sea de 12 mil 944 t.
Sobre la base de estos datos, precisó que, aun cumpliendo con el mercado interno y las exportaciones, queda un saldo de 39 mil 747 t.
Enfatizó en que se trata de “(…) algunas personas inescrupulosas que lamentablemente por intereses políticos o por intereses económicos ocultan el producto para esperar que suba más el precio y ganar más a costa de dañar a la población”.
Prada ratificó el criterio de que existe una “guerra económica” que tiene que ver con “operaciones de sabotaje y desabastecimiento” que no son casuales y responden también a una estrategia de desgaste, de debilitamiento a nivel político.
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