En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a iniciativa de la doctora panameña Gilma Camargo, en conferencia de prensa, la activista relató que, pese a acciones legales y de demandas oficiales, la familia del profesional no ha recibido respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre el disparo que atravesó su ojo cuando tomaba instantáneas en las inmediaciones del hotel donde se alojaba la prensa extranjera.
En 2019, Pavón llegó a Panamá para inaugurar la exposición “La mirada interrumpida”, una pequeña muestra del trabajo de Rodríguez, de apenas 32 años, tiempo antes de la invasión y de algunas de las impactantes imágenes que tomó en las primeras horas de la operación militar, entre ellas la de nueve cadáveres tendidos en la morgue del Hospital Santo Tomás, en esta capital.
Rodríguez no era propiamente un fotógrafo de guerra y la invasión del 20 de diciembre de 1989 lo encontró por accidente en el istmo, precisó.
Pasaba por aquí de tránsito como parte de un trabajo que realizaba para el diario El País sobre los padres jesuitas en América Latina, tras la muerte un mes antes de un grupo de ellos en El Salvador, agregó.
Rodríguez logró salir del aeropuerto de Panamá con ayuda de los diplomáticos de su país y en cuestión de horas consiguió fotografiar los intentos de saqueos en almacenes en el centro de la capital y acceder al centro sanitario, adonde llevaban a los heridos y muertos durante el vil ataque.
35 años después de la invasión, la familia de Rodríguez sigue esperando que se conozca la verdad y se haga justicia y reparación, como a otras víctimas de aquella agresión.
Pavón relató que cuentan con evidencias de que el material fotográfico de Rodríguez fue robado de entre sus pertenencias aquel fatídico 21 de diciembre de 1989, y su habitación allanada, lo cual muestra la complicidad de Washington y los obstáculos que coloca en el proceso de conocer la imagen que recogía su cuñado aquel día del homicidio.
Por su parte, la doctora Camargo, abogada de las víctimas de la Invasión estadounidense, indicó que los sucesivos gobiernos panameños no han querido hacer justicia, pese a que en 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aprobó un informe del cual es la principal impulsora, que responsabiliza a Estados Unidos de la violación flagrante de los derechos humanos y obliga a un resarcimiento a las víctimas y sus familiares.
La abogada subrayó que sabe que no se encuentra en un país soberano, donde es frecuente la presencia militar estadounidense y sus organismos de inteligencia; sin embargo, como otra acción -también hasta la fecha sin respuesta- entregó recientemente una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que contribuya a hacer público el llamado Informe No 21-18 Caso 10.573.
También cuestionó que no basta haber declarado el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional y la creación por el gobierno de turno en 2016 de una comisión especial para investigar los hechos de la sangrienta invasión, sin que aún se conozca la cifra de víctimas fatales, heridos o desparecidos, el número de fosas o los traumas sicológicos causados en niños como Elizabeth Taylor, también presente en el conversatorio con los comunicadores.
Camargo sentenció que los panameños viven todos los días en un escenario de crímenes de lesa humanidad, en alusión a la sangrienta invasión estadounidense que barrió poblados humildes como El Chorrillo, en esta capital, pero también áreas del Canal y la oriental provincia de Colón.
Además denunció intereses por querer ocultar la verdadera historia y que entidades como la Corte Suprema de Justicia o el Colegio de Abogados, ni siquiera se ha pronunciado sobre el Informe que muestra la victoria de un instrumento legal de un pequeño país ante la potencia más grande del mundo y que pretende perpetuar su dominio en Panamá.
La letrada aseveró que desplegarán nuevas acciones y se refirió a que en 2026, cuando celebren los 200 años del Congreso Anfictiónico con ayuda de la OEA, continuarán promoviendo este caso con ayuda de la solidaridad local y mundial.
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