Además de instar al Estado a establecer normas para gestionar, aminorar y controlar los efectos nocivos del ruido, la propuesta también busca que se establezcan estrategias interinstitucionales para combatir los daños sonoros y fortalecer las herramientas jurídicas que preserven el orden público.
Acorde con el contenido de la iniciativa, la política de calidad acústica debe ir acompañada de una estrategia regulatoria.
Esa responsabilidad recaerá sobre el Ministerio de Ambiente, que tendrá dieciocho meses contados a partir de la promulgación de la ley para establecer los niveles de inmisión o calidad de ruido ambiental para todo el territorio nacional.
Dicha política establecerá asimismo los mecanismos para disminuir y gestionar el impacto que tiene el tráfico vehicular en la contaminación acústica, el control de la emisión de ruido y vibraciones de las actividades económicas de industria y otros.
La norma también plantea reformas al procedimiento sancionatorio del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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