Del total, 138 están en investigación, 28 fueron desestimadas, nueve permanecen archivadas, 16 conectadas con otros casos, y dos en etapa preparatoria, precisó la Comisión Nacional contra ese flagelo.
El mecanismo detalló que 56 denuncias guardan relación con el sector administrativo, 41 se vinculan a la salud, 40 a infraestructura, 21 a seguridad, 10 a educación, ocho a desarrollo social, igual cifra a agricultura, entre otras.
Destacan las irregularidades en la construcción de Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín-Escuintla.
Además, la adquisición de gradas y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
De las últimas sobresalen ofrecimiento de plazas en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago Atitlán, la alteración de documentos en la cancillería e irregularidades en operaciones contables de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
A pesar de estos esfuerzos, según analistas locales, la fiscal general Consuelo Porras, a quien organizaciones sociales y las propias autoridades del país exigen la renuncia, protege a empresarios, políticos y demás señalados.
A la Fiscalía contra la Corrupción y la Especial contra la Impunidad, esta última responsable de casos de alto impacto, solo en los primeros 10 meses de 2024 ingresaron 730 denuncias.
Datos de la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio Público dan cuenta que el 48 por ciento (349) está en investigación o fase intermedia, lo cual provoca dudas en los entendidos en relación con el resto.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asumió el pasado 14 de enero hasta 2028 enfocado en la lucha contra la corrupción y con la promesa de una nueva primavera.
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