Este miércoles, se cumplen nueve días continuos de manifestaciones para impedir que se erija en Archidona un nuevo centro carcelario de máxima seguridad por iniciativa del presidente, Daniel Noboa.
“El niño rico de cuna de oro, está haciendo despertar al jaguar dormido. Los amazónicos nos estamos levantando”, expresó el presidente de la nacionalidad kichwa de Pastaza Pakkiru, Luis Canelos, en declaraciones a medios locales compartidas en redes sociales.
El polémico proyecto de la prisión fue adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., por un monto de 51,9 millones de dólares y cuenta con un plazo de 300 días para su ejecución.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), José Esach, cuestionó los recursos destinados a la megacárcel, mientras para “no hay fondos para educación, salud, ni obras”.
Por su parte, en la sede del legislativo nacional, en Quito, asambleístas representantes de las provincias amazónicas se unieron al rechazo al proyecto y consideraron que la decisión del Ejecutivo de Noboa es arbitraria e inconsulta.
“Vamos a continuar en resistencia hasta que el Gobierno reubique esta cárcel”, dijo el legislador Roberto Cerda.
Los parlamentarios, los habitantes de Archidona y las autoridades locales señalan que una prisión allí tendrá impacto en el entorno natural y en instituciones educativas cercanas donde estudian alrededor de cinco mil niños y adolescentes.
El presidente Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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