En el texto el Sumo Pontífice exhorta a los países a brindar instrumentos jurídicos, basados en los derechos humanos fundamentales, para abordar la situación de los desplazados en esas amadas tierras latinoamericanas y construir entre todos un mundo más fraterno y solidario.
Según datos conocidos aquí, solo en 2023 había en la región más de 20 millones de personas refugiadas, desplazadas y apátridas por problemas relacionados con la persecución, violencia, inseguridad, desigualdad y falta de oportunidades socioeconómicas.
El fenómeno se agravó en los últimos años producto del cambio climático y los desastres naturales.
La Declaración y el Plan de Acción de Chile proponen un enfoque integral para abordar la movilidad humana debido a problemas climáticos y aboga por la creación de empresas solidarias.
También promueve el uso de tecnología de avanzada como la digitalización de sistemas de asilo y el uso de registros biométricos para agilizar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.
El texto plantea la necesidad de acceso a servicios básicos, empleo, documentación personal y actividades inclusivas para los desplazados, la validación de títulos y la capacitación laboral.
Además aboga por fomentar los programas de reasentamiento, reunificación familiar y retornos seguros, la integración local en los países receptores y la reinserción en los de origen, así como la participación activa de las comunidades de acogida en la formulación de políticas públicas.
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