Representantes de ese pueblo originario, que habita hace siglos en la zona de Colchane, aseguraron que los ministerios de Minería y Desarrollo Social cometieron graves errores y omisiones ilegales al dejarlos al margen de ese proceso.
En su alegato, afirman que el Estado los marginó, pese a ser una de las colectividades más afectadas, si no la que más, por la exploración, explotación y beneficio de litio en la zona.
Coipasa tiene una extensión de dos mil 218 kilómetros cuadrados y forma parte del denominado triángulo de salares que concentra el 53 por ciento del metal blando a nivel global.
Ese ecosistema, situado a más de tres mil 850 metros de altura sobre el nivel del mar, también contiene una biodiversidad única de flora y fauna adaptada a las condiciones extremas de salinidad y aridez.
Para iniciar su explotación, el Gobierno debe cumplir el requisito del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ordena una consulta con todas las comunidades originarias potencialmente en riesgo por esa actividad.
Sin embargo, la comunidad aymara fue excluida de ese requisito, aunque habrá un impacto negativo en su modo de vida sí comienza la extracción del litio.
La diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada, dijo al medio digital El Mostrador que es una situación grave, pues ignora la opinión de un pueblo originario que habita en ese lugar.
El alegato de la comunidad fue acogido por la Corte Suprema de Chile, que dio un plazo a las autoridades para dar una respuesta y explicar esa omisión.
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