Los diputados de la comisión de Salud y Trabajo, luego de escuchar en el pleno más de 300 intervenciones de representantes de diferentes gremios, viajaron a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, una gira que extendieron hasta Darién, en el este, para recoger más criterios sobre la incitativa que impulsa el Gobierno.
Al respecto, la presidenta de la bancada independiente Vamos, Janine Prado, insistió en que necesitan más tiempo para debatir la norma.
Prado recordó que esta decisión la trasmitió al propio presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre la iniciativa que en noviembre presentara el Ejecutivo con la intención que sea aprobada en sesiones extraordinarias con cierre el próximo 31 de diciembre
“Es importante entender que el país sí necesitaba tomar las riendas sobre el tema de la Caja de Seguro Social, pero no hay que hacerlo a la apurada. Nosotros tendríamos una oposición al proyecto por completo si aquí se pretende dar a golpe de tambor batiente la aprobación del proyecto de la noche a mañana”, remarcó.
La diputada abrió la posibilidad de extender la discusión a enero de 2025 e incluso declarar sesiones permanentes.
Por su parte, los miembros de organizaciones diversas que integran la alianza Pueblo Unido por la Vida marcharon hacia el Legislativo para reiterar su repudio a la ley 163.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, comentó que demandan que se retire ese documento.
Esa ley, dijo, no resuelve las necesidades de los trabajadores y sus familiares, impulsa la privatización con las cuentas individuales que solo aportarían pensiones de miseria.
Andrade se refirió a declaraciones de Mulino en su habitual conferencia de prensa semanal, en la que dejó claro que ahora pasa la responsabilidad al parlamento de adoptar una decisión salomónica cuando se agotan los tiempos.
El dignatario subrayó antes los comunicadores que en manos de la Asamblea está la vida del pueblo y el futuro económico del país. “Hacia allá apunta la presión, no hacia mí”, remarcó.
En ese conversatorio también indicó que aunque podría aceptar modificaciones al Proyecto de Ley 163, todavía no ha escuchado ninguna que desvirtúe los números de la matemática que plantea la propuesta del Ejecutivo, lo que niegan los colectivos.
Sobre este asunto, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, criticó esa postura y condenó la intención de elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales.
Asimismo denunció que el proyecto otorga al actual directos de la CSS, el empresario Dino Mon, poderes que le permiten manejar los fondos de los asegurados con la clara intención de entregarlos a empresas privadas internacionales y locales, las mismas que son morosas en los pagos o evaden el fisco para quedarse con la plata de los obreros y los jubilados.
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