La decisión revocó la norma que establecía que solo en caso de delitos flagrantes, fiscales y jueces pidan o dicten, respectivamente, la prisión preventiva, aplicada tras indicios de delito, para dar tiempo a afianzar los mismos con más elementos y evitar fugas.
La reversión fue aprobada por el Parlamento con 79 votos a favor y 8 en contra y tuvo entre sus proponentes y votantes a legisladores que la habían impulsado y votado por ella para su aprobación por amplia mayoría.
El nuevo texto legal indica que jueces y fiscales podrán plantear la prisión preventiva con criterio de razonabilidad, lo que apunta a no incurrir en excesos que invocaban los cuestionadores para eliminar la prisión preliminar por hasta 15 días.
La duras críticas de juristas y medios de prensa de todas las tendencias coincidieron en señalar las graves consecuencias de la reforma que favorecía sobre todo a las organizaciones criminales y a la corrupción en el Estado, que cometen delitos en forma oculta, por lo cual es remota la posibilidad de flagrancia.
“El estado institucional en el que nos encontramos es el de un Congreso errático e irresponsable, que demuestra su precariedad moral y política”, dijo el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado al cuestionar la aprobación de la ley.
El presidente de Congreso, Eduardo Salhuana, declaró horas antes de la enmienda ser partidario de corregir la ley y la legisladora de derecha extremo María del Carmen Alva, que había apoyado resueltamente la ley, fue una de las impulsoras de la reversión.
Tal vez el factor más importante de la marcha atrás fue que, en el primer día de vigencia de la ley, salieron libres todos los integrantes de una banda de secuestradores.
Las fuerzas que controlan el legislativo sufrieron también otros reveses durante la semana, como el rechazo a un proyecto de ley para prohibir que sean candidatos en elecciones, quienes hayan cometido delitos terrorismo, tráfico ilícito de drogas y atentados contra la seguridad nacional.
La propuesta apuntaba a impedir la candidatura presidencial del exmilitar Antauro Humala, quien en el enero de 2005 se alzó en armas contra el gobierno del neoliberal Alejandro Toledo (hoy preso por corrupción). Y no alcanzó la mayoría calificada para ser ratificada en una segunda votación.
jcm/mrs
