El recurso planteó la nulidad del rechazo del juez a cargo del juicio contra Castillo, Juan Carlos Checkley, al pedido de anular el proceso, presentado por la defensa de Castillo en mayo de 2023.
En los primeros días de diciembre, la Corte Suprema desestimó también el pedido de la defensa de Castillo, de apartar del caso al juez Checkle porque presuntamente vulneró principios constitucionales y tiene conflictos de interés por ser familiar de un exministro del actual gobierno.
La sala penal de la Corte Suprema negó la solicitud por considerar que no cumplía con las causales de inhibición establecidas y ratificó al magistrado.
Según la Fiscalía, Castillo cometió los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad, al decretar la disolución del Parlamento y la intervención del sistema de justicia, sin que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acataran esas medidas.
Los defensores de Castillo niegan que haya cometido un golpe de Estado, como sostienen el Gobierno y amplios sectores políticos y de prensa, pues el decreto no se hizo efectivo.
También sostienen que el exmandatario no puede ser acusado de rebelión porque el código penal precisa que ese delito se comete mediante el alzamiento colectivo en armas, mientras la Fiscalía sostiene que el solo decreto es sustento del cargo.
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