La información expuesta en el sitio digital Life News/InfoCatólica develó que el cuatro por ciento del total de los fallecimientos en 2023 se produjeron a través de la denominada práctica de muerte asistida.
El número de pacientes a quienes se les aplicó la eutanasia, según el informe, ascendió a 15 mil 343 personas, de las cuales más del 90 por ciento correspondió a individuos en condiciones terminales y el resto sin estar en tales circunstancias.
Un dato revelador del reporte enuncia por primera vez el origen demográfico de los fallecidos, al contabilizar el 96 por ciento blancos, mientras que menos de uno por ciento eran indígenas.
Las condiciones sociales también jugaron un papel significativo en este proceso, en particular situaciones de soledad, discapacidades, pérdida de independencia y más del 50 por ciento de los que solicitaron la eutanasia mencionaron ser una carga para familiares.
La ley canadiense sobre asistencia médica al morir se remonta a febrero de 2015, cuando la Corte Suprema dictaminó que partes del Código Penal deberían cambiarse para cumplir con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, y dio plazo al gobierno hasta el 6 de junio de 2016 para crear una nueva ley.
En junio de 2016, el Parlamento aprobó una legislación federal que permite a los adultos elegibles solicitar asistencia médica para morir.
El 5 de octubre de 2020, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía presentaron una propuesta de ley que amplió el marco y condiciones exigidas para autorizar la eutanasia.
rc/ohh
