Cada paquete incluye laptops, escáneres y cables, detalló el organismo en un comunicado.
Los comicios tendrán lugar en cuatro mil 349 recintos electorales, de los cuales mil 680 funcionarán como Centros de Digitalización de Actas (CDA).
En esos espacios, las actas serán escaneadas y transmitidas al centro de datos principal mediante enlaces cifrados provistos por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), explicó Lucy Pomboza, coordinadora de Seguridad Informática en un reciente encuentro con la prensa.
Las actas escaneadas se publicarán de inmediato en la página web y en la aplicación del CNE, lo cual permitirá a ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones políticas acceder en tiempo real a los resultados preliminares.
Más de cuatro mil 455 candidatos están inscritos para los cargos de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos, y suplentes.
El CNE informó que el proceso de impresión de papeletas avanza al 23 por ciento y se distribuirán desde el 6 de enero próximo.
Entre los 16 candidatos a la jefatura del Ejecutivo se encuentran el actual mandatario, Danel Noboa, y Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, quienes encabezan las encuestas y podrían reeditar el balotaje de 2023.
En caso de una segunda vuelta, está programada para el 13 de abril de 2025.
En ese contexto, persiste la polémica sobre si el mandatario pedirá licencia para participar en la campaña electoral, como establece la legislación vigente, pues él asumió el cargo para un periodo que dejó vacío el expresidente Guillermo Lasso cuando activó la muerte cruzada en 2023.
En caso de que el actual gobernante decida no solicitar la licencia, correspondería al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) determinar la legalidad de esta decisión, si se presenta una denuncia formal.
Noboa tendrá que tomar una decisión en los próximos días, ya que la campaña está prevista para iniciar el 5 de enero y concluir el 6 de febrero.
En el trasfondo de esta situación está el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, que debería asumir la presidencia de manera temporal en ese periodo, pero está suspendida por una sanción administrativa del propio Gobierno.
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