Las autoridades de Georgia tienen el derecho y la posibilidad de contrarrestar la decisión antigeorgiana de los gobiernos de Estonia y Lituania, sin embargo, consideramos inoportuno tomar tal medida, manifestó el comunicado del gabinete, publicado este lunes por el canal de televisión Imedi 2.
El pasado fin de semana, Tallin y Vilna impusieron sanciones a una veintena de funcionarios del gobierno georgiano, incluido el primer ministro, Irakli Kobajidze.
Esa fue la segunda batería de sanciones contra Georgia por parte de Estonia y Lituania; las anteriores contra 11 funcionarios presuntamente implicados en la represión de protestas y violaciones de derechos humanos, se dieron a conocer el 2 de diciembre en una declaración conjunta con otra nación báltica, Letonia.
La decisión de Tiflis en este contexto es mantener «una amistad unilateral» con Tallin y Vilna para no poner en peligro los lazos tradicionales entre los pueblos, señala el comunicado oficial.
Estonia y Lituania, según ese documento, «son países con la soberanía más limitada dentro de la Unión Europea» y «sus gobiernos obran al dictado de administraciones foráneas, no en el interés de sus propios pueblos».
Desde el pasado 28 de noviembre, luego de que el primer ministro Irakli Kobajidze suspendiera hasta 2028 las negociaciones con la Unión Europea sobre el proceso de adhesión de Georgia al bloque comunitario, partidarios de la oposición siguen protestando frente a la sede parlamentaria en Tiflis.
El 14 de diciembre, el candidato del partido oficialista Sueño Georgiano, Mijaíl Kavelashvili, fue aprobado como presidente de Georgia tras recibir 224 votos de los 300 del colegio electoral.
La presidenta saliente, Salomé Zurabishvili, cuyo mandato expira a finales de diciembre, no reconoce la victoria de Sueño Georgiano en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, apoya las protestas de la oposición y se niega a abandonar el cargo «hasta que haya un parlamento legítimo».
Por su parte, el primer ministro Kobajidze descartó la repetición de los comicios legislativos y dejó claro que Zurabizhvili tendrá que ceder la presidencia a un sucesor legítimo a finales de este mes.
La Unión Europea debatirá medidas adicionales en relación con Georgia en su Consejo de Asuntos Exteriores del 16 de diciembre, por lo que califica como «persistente retroceso democrático» y «medios represivos utilizados por las autoridades georgianas».
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