Mediante un comunicado, el Ejecutivo informó que el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, ofreció que esa localidad costera acoja el proyecto, porque para su municipio la contratación de obras es «prioritaria y es sinónimo de progreso y oportunidades».
Según Córdova, levantar la infraestructura penitenciaria incluye beneficios económicos y sociales significativos para la comunidad del sitio donde se edifique y en el caso de Salinas hay un 60 por ciento de territorio rural.
El Ministerio de Gobierno aceptó la invitación realizada por la administración local y resolvió trasladar a esa ciudad el proyecto para la segunda cárcel de máxima seguridad, pues otro centro de ese tipo ya se erige en otro punto del propio territorio de Santa Elena.
La decisión de la administración de Daniel Noboa se da en el decimoquinto día consecutivo de manifestaciones por parte de los habitantes de Archidona y localidades vecinas, que mantuvieron cierres viales en varios puntos como protesta.
“El Gobierno ha escuchado el clamor del pueblo amazónico”, celebró la alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa, en declaraciones a la emisora Radio Pichincha.
El pasado 10 de diciembre de 2024, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) adjudicó el contrato para la edificación de la prisión por 52 millones de dólares en un terreno rodeado de centros educativos.
Este lunes, pobladores de Archidona marcharon hasta Tena, la capital de la provincia de Napo, en rechazo a la obra y en la madrugada comunidades indígenas de la vecina provincia de Pastaza se sumaron a las protestas y bloquearon la vía Puyo – Macas, una carretera clave de la región.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana señaló que las cárceles en Ecuador, lejos de ser espacios de rehabilitación, se han convertido en centros de operación para bandas delincuenciales y no una forma efectiva de resolver las causas estructurales de la violencia.
Grupos sociales y líderes locales aseguraron que una nueva prisión en Archidona tendría un impacto en el entorno natural, en la economía y en instituciones educativas cercanas donde estudian alrededor de cinco mil niños y adolescentes.
Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares que será inaugurada en 2025.
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