Publicada por el diario O Globo, la noticia señala que Braga Netto, quien también fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula electoral de Bolsonaro, es sospechoso de liderar y financiar un plan que incluía secuestros y atentados contra autoridades.
Los objetivos de asesinatos serían el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.
Según la denuncia de Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, el jefe militar habría recibido recursos en especie de empresarios del agronegocio para financiar las acciones clandestinas.
Transportado en una bolsa de vino, el dinero fue entregado al mayor Rafael de Oliveira, integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército, conocido como Kids pretos (Niño negros).
Parte del capital fue utilizado para comprar teléfonos móviles desechables, usados en operaciones de vigilancia de autoridades tras la victoria de Lula en las elecciones de 2022.
La PF identificó que, el 15 de diciembre de 2022, un celular fue adquirido por la esposa del mayor De Oliveira.
Además, recargas se realizaron en una droguería de Brasilia para dispositivos vinculados a la operación Copa 2022, que, según el informe policial, utiliza seis teléfonos móviles desechables habilitados con nombres falsos y chips anónimos.
Tales dispositivos fueron utilizados en un intento de cumplir acciones como el secuestro de De Moraes.
Documentos decomisados por la PF indican la logística involucrada, incluyendo «demandas para la preparación y conducción de la acción», como la compra de móviles y otros materiales.
La delación premiada de Cid reveló el papel de los empresarios del segmento, que habrían financiado actos antidemocráticos y bloqueos de carreteras tras la derrota de Bolsonaro.
Un audio obtenido por la PF muestra al exayudante de órdenes afirmando que «empresarios del agro» estaban «poniendo coche de sonido en Brasilia» y financiando autobuses para transportar manifestantes.
Otro documento de la Agencia Brasileña de Inteligencia, obtenido por O Globo, detalla la actuación del Movimiento Brasil Verde e Amarillo en la movilización de camioneros y en la financiación de eventos extremistas, incluyendo la destrucción de las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.
El Frente Parlamentario de la Agricultura, que reúne a 340 parlamentarios, pidió urgencia en las investigaciones, pero apuntó que «acciones aisladas» no pueden comprometer la imagen de un sector que moviliza a más de seis millones de productores.
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