A juicio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la propuesta murió por asfixia en el seno del Legislativo.
“La mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar (la discusión), pasaron siete horas de sesión de la plenaria, no fue posible ni siquiera debatirla, me parece que eso es una costumbre que hay que revisar de la mesa directiva del Senado que no permita ni siquiera abordar el debate. La reforma política es indispensable”, declaró el funcionario.
No obstante, remarcó que insistirá en el debate del contenido del proyecto en enero de 2025, mediante la conformación de unas mesas técnicas entre la que participarán representaciones de todos los partidos políticos y se logre un gran consenso nacional.
“La gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos, vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción (…). Es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy”, explicó Cristo.
Antes de su hundimiento, la reforma política llegó a ser aprobada en su tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
El proyecto tenía como objetivo enfrentar la corrupción en el sistema electoral, garantizar que sea confiable, imparcial, transparente y garantista, y también buscaba consolidar a los partidos políticos como verdaderos instrumentos de participación y representación ciudadana.
Proponía tres pilares fundamentales: la financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas, las listas cerradas con equidad de género y una autoridad electoral independiente.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la implementación de listas cerradas con garantía de equidad de género para aspirantes al Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales constituye una medida que podría ayudar a garantizar una representación colectiva de los partidos.
Otro aspecto presente en su contenido es la modificación en el proceso de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que fortalecería su independencia frente a los partidos políticos.
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