El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, afirmó que, ante la denuncia e imputación oficial por trata y tráfico de personas en la Fiscalía Departamental de Tarija, se solicitará un semestre de detención preventiva.
Por su parte, tras conocer que se emitió una orden de aprehensión contra el exdignatario, el senador del Movimiento al Socialismo afín a Morales Leonardo Loza, sostuvo que el dirigente indígena desconoce este proceso porque nunca fue notificado ni citado en su domicilio del Chapare.
Según el legislador, esta determinación contra Morales expresa un “miedo político” que le tiene el Gobierno, por lo que denunció que el proceso es político y en Bolivia no se cumple el debido proceso.
Consultado sobre si existen garantías para que la Policía notifique al exdignatario, Loza se limitó a señalar que es el Gobierno quien debe generar las garantías para todas las instituciones, y recordó que el Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, se encuentra en estado de emergencia desde hace mucho tiempo.
La víspera, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que imputó formalmente al expresidente por el delito de trata de personas con el agravante de que, presuntamente, cometió ese delito cuando era mandatario.
Sostuvo también que figura como imputada en el expediente la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra, e identificó a la entonces menor de edad como Cindy S.V.P.
Informó que la orden de aprehensión contra Morales fue emitida desde el 16 de octubre por no presentarse a declarar ante la denuncia en su contra por la supuesta relación que mantuvo en 2015 con una menor de edad, de la cual nació una niña, según expresó.
Recordó Gutiérrez que el padre de Cindy S.V.P fue detenido en octubre y permanece encarcelado desde octubre.
Sin embargo, aclaró que la Policía no pudo ejecutar la orden de aprehensión contra Morales en el Chapare porque el operativo puede desatar una resistencia organizada, con el correspondiente riesgo político y social en esa región del departamento de Cochabamba.
Indicó que los reportes policiales hablan de que están con protección las áreas de influencia donde el primer exmandatario indígena de Bolivia se encontraría, y sobre el domicilio que él habría dado también precisan que se encuentra inhabitado y sin movimientos sustanciales.
Reiteró Gutiérrez que solicitará la detención preventiva de ambas personas y alerta migratoria porque existe “riesgo de fuga, de obstaculización y otros que, en su momento, en la audiencia, vamos a fundamentar, como todos los hechos, indicios y pruebas acumuladas”.
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