La decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), afloró para finalizar las indagaciones sobre «la existencia, financiación y modus operandi» de esa oficina para crear y propagar contenidos engañosos en Internet.
Según el laudo de De Moraes, la prolongación se adoptó con la determinación de audiencia de más 20 personas, el complemento del análisis de la información obtenida mediante la violación del secreto fiscal y bancario, y el término de las diversas diligencias en curso en la Policía Federal (PF).
Tal anuncio de la apertura de la pesquisa fue hecha en marzo de 2019 por el entonces presidente del STF, ministro Antonio Días Toffoli, después de ofensas emitidas por el fiscal Diogo Castor de Mattos a la justicia electoral.
El artículo 43 del Reglamento Interno del Supremo sirvió como base para la apertura de la averiguación.
Instituye que «si se produce una infracción penal en la sede o dependencia del tribunal, el presidente iniciará una investigación, involucrará a una autoridad o persona sujeta a su jurisdicción, o delegará esta asignación a otro ministro».
El fallo emergió después que De Moraes autorizara el arresto del general de la reserva Walter Braga Netto por obstruir investigaciones de la PF.
Braga Netto, exministro de la Casa Civil y Defensa en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), fue arrestado el sábado en Río de Janeiro.
La PF cumplió con la orden de detención después de la autorización del ministro del Supremo.
De acuerdo con la medida, la fuerza del orden público identificó que el general actuó para obstaculizar investigaciones en curso, en particular a las que se adelanta un supuesto intento golpista después de las elecciones de 2022.
El también candidato a la vicepresidencia en la fórmula electoral de Bolsonaro fue acusado por la PF en noviembre de tres crímenes: abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.
Además del alto oficial, el exmandatario ultraderechista y 38 personas fueron inculpadas.
El STF envió el informe policial a la Procuraduría General de la República (Fiscalía) que tendrá que decidir si denuncia, pide más indagaciones o archiva el caso.
mem/ocs
