De acuerdo con un comunicado del órgano de justicia transicional del país, la sala ordenó remitir el proceso del exoficial a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), debido a su decisión de no reconocer su responsabilidad en un patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas en el oriente antioqueño.
La UIA deberá decidir si acusa al general (r) ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz, donde se llevaría a cabo un juicio adversarial, apuntó la comunicación.
En caso de ser condenado, abundó, el general se podría enfrentar a una pena privativa de la libertad de hasta 20 años de cárcel.
La evidencia del proceso indica que Montoya es penalmente responsable de los crímenes, pues como autor, puso en marcha en la jurisdicción de la IV Brigada una política de facto de conteo de cuerpos que privilegiaba las “muertes en combate” como único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimaba las capturas, reveló en su nota la JEP.
Añadió que esta política de facto, contraria al Derecho Internacional Humanitario, creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la población civil y otras personas protegidas, que se concretó en el surgimiento y prolongación del patrón macrocriminal.
Montoya es uno de los nueve comparecientes de la fuerza pública imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del Subcaso Antioquia, del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
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