La expectativa es que el presidente del STF, Luiz Barroso, adopte una posición más moderada y una propuesta intermedia de voto sobre el artículo 19 del marco civil de Internet.
Rumores presagian que Barroso debe mantener tal apartado, pero con ponderaciones.
El capítulo determina que la responsabilidad de los «grandes técnicos» solo surge cuando desobedecen una orden judicial por la eliminación del contenido.
Se espera que el magistrado mantenga la necesidad de la orden judicial en general y crear una excepción para algunos asuntos sensibles, como contenidos contra la democracia y que violan los derechos de niños y adolescentes.
La sesión de este miércoles volverá con Barroso porque pidió una vista en la sesión del día 11.
Por las reglas del STF, el juez que solicite vista tiene prioridad de voto, así que Barroso, quien sería el último en emitir su parecer, pasó a ser el primero después de los ponentes.
No obstante, los aldabonazos de esperanza, será muy poco probable que el juicio se cierre en 2024.
Puede haber una demanda de otra audiencia y faltan solo dos sesiones antes del receso del Poder Judicial, que comienza el 20 de diciembre. La ley, que entró en vigor en 2014, funciona como una especie de Constitución para el uso del escenario virtual en Brasil, pues establece principios, garantías, derechos y deberes para los usuarios y empresas.
En uno de sus artículos, instituye que las plataformas digitales solo serán responsables por daños causados por contenidos ofensivos si, después de una orden judicial específica, no adoptan medidas para retirar el material de la web.
La cuestión implica cómo las plataformas deben actuar frente a contenidos creados por usuarios que ofenden derechos, incitan al odio o diseminan desinformación.
El Supremo deberá elaborar una tesis, que será aplicada en procesos sobre el mismo tema en las instancias inferiores de la Justicia.
Datos del Consejo Nacional de Justicia revelan que hay al menos 345 expedientes con el mismo contenido esperando un desenlace en la corte superior.
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