Presentada por el ministro de Justicia, Oscar Silvera, en el cuarto periodo ordinario de sesiones del Parlamento, la norma abarca el desempeño de la labor del notariado como garante de la justicia y la seguridad jurídica preventiva.
El titular explicó que el texto jurídico también abarca un sistema de gestión informática para garantizar calidad y agilidad en la prestación del servicio, así como una base de datos nacional de documentos públicos en archivos informáticos, que permite obtener datos estadísticos y ejecutar acciones de control.
También, dijo, faculta al Ministerio de Justicia para inhabilitar al notario cuando deja de cumplir una serie de requisitos establecidos o incurre en una actividad delictiva.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, precisó que el notario, dada su condición de funcionario del Estado, tiene el deber de proporcionar a los ciudadanos seguridad jurídica y garantiza la legitimidad de los documentos en los que interviene.
Detalló que la norma propone actualizar la ley vigente «De las Notarias Estatales”, en atención a los postulados establecidos por la Constitución de 2019 y el nuevo ordenamiento legal que ha aprobado el país.
Toledo resaltó que la ley presenta las bases para que la actividad notarial sea autofinanciada, pues estas entidades generan ingresos anuales superiores a los 275 millones de pesos, mediante el cobro de tarifas asequibles.
rc/mks
