Nacido en el pueblo de Los Choros, de la región de Coquimbo, el dirigente sindical fue arrestado por primera vez en abril de 1983 y llevado a un cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano de persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de opositores.
Su segunda detención ocurrió en abril de 1985 en momentos en que participaba en una marcha en solidaridad con los tres comunistas degollados (José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino).
El tercer secuestro se registró en 1988 cuando lo llevaron a la subcomisaría de Lo Lillo, donde fue interrogado y torturado y permaneció incomunicado por tres días.
Los daños provocados a su integridad física y psicológica son de por vida y, a pesar de los años transcurridos, mantiene secuelas como inseguridad, problemas para expresarse, miedo al silencio, delirio de persecución y pesadillas.
Por estos delitos de lesa humanidad, la tercera sala del tribunal de alzada, en fallo unánime, condenó al fisco a pagar a la víctima una indemnización de 90 millones de pesos (unos 90 mil dólares) por concepto de daño moral.
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