Esta nueva petición, divulgada este jueves por los medios de comunicación, guarda relación con los supuestos desembolsos anómalos de fondos confidenciales por parte de Duterte durante su mandato como ministra de Educación.
La denuncia de 70 páginas, presentada en la Cámara de Representantes (Parlamento), cita la violación culpable de la Constitución, la traición a la confianza pública, el saqueo y la malversación, el soborno y la corrupción, entre otros delitos graves como motivos para la destitución.
En nombre del pueblo filipino, los denunciantes creen que no es solo la obligación constitucional de los miembros de la Cámara de Representantes destituir a la vicepresidenta Sara Duterte, sino que esa obligación ahora se convierte en una obligación moral, señala el documento.
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