Al mismo tiempo le imputa alta exposición a los ciudadanos a tecnologías adictivas y contenido peligroso que provocan severo daño sicológico y atentar contra el bienestar y la salud mental de los usuarios, especialmente los menores del país.
Ambas compañías aseguran que cuentan con los controles adecuados para regular sus plataformas y el contenido de sus publicaciones, mas una investigación dirigida por la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia confirma que esto es falso y que, peor aún, diseñan sus plataformas con total conocimiento de que causan altos niveles de ansiedad y depresión en los adolescentes.
Las empresas son conscientes de que, además, adultos depredadores contactan a menores a través de sus plataformas y han fallado en advertir a los padres y contrarrestar este problema efectivamente.
En el caso de Puerto Rico la situación es peor, pues la regulación del contenido en lenguaje español por la compañía es ínfima en comparación con la regulación del contenido en inglés, que expone a los niños y jóvenes en esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos, a mayor riesgo de acceso a contenido que atenta contra su bienestar y salud mental.
Ante esto, Justicia exigió, entre otras cosas, un cambio en las prácticas de negocios de estas compañías y la restitución de los daños ocasionados.
Según se argumentó en la demanda de Interdicto y Daños y Perjuicios, estas compañías explotan las vulnerabilidades neurológicas de los menores, a quienes dirigen hacia el uso compulsivo y excesivo de sus plataformas, a sabiendas de que con esto contribuyen a una epidemia de salud mental.
Informes presentados ante los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos vinculan el uso excesivo de las redes sociales con efectos negativos como depresión, ansiedad e insomnio, así como con la interferencia con su educación y vida cotidiana.
En el año 2021, más de 36 por ciento de los estudiantes de escuela superior en Puerto Rico reportaron episodios de angustias mentales, conforme a la investigación realizada por el Departamento de Justicia,
Esta reveló que sobre dos millones de puertorriqueños, que comprenden el 60 por ciento de la población, utilizan la red social Facebook y sobre 75,9 por ciento de los usuarios de Instagram son menores de edad.
“La demanda constituye un hito en la política del Gobierno de Puerto Rico dirigida a garantizar que las empresas de redes sociales cumplan los parámetros legales aplicables, incluyendo garantizar que sus métodos de competencia sean justos, no utilicen tecnologías adictivas, no violenten el derecho a la intimidad ni expongan a nuestros menores a contenido de naturaleza sexual o delictivo”, puntualizó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Añadió que su objetivo es vindicar los derechos de miles de puertorriqueños, particularmente la juventud, de las prácticas de negocios engañosas que emplean estas empresas de redes sociales que han alterado profundamente la realidad social y psicológica de esta generación mediante la utilización desmedida de poderosas tecnologías.
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