Durante su intervención en el cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, recordó que el órgano legislativo aprobó en 2023 el cronograma para los años 2024-2027, con un total de 46 leyes y 23 decretos leyes, de ese total, 17 normas estaban previstas para el ejercicio de 2024.
Al respecto, resaltó que este proceso es “complejo y necesario para el ejercicio legislativo en el país”.
Silvera explicó que a pesar de encontrarse en estado de elaboración, es necesario posponer la aprobación del Código del Trabajo, la Ley de Empresas, el Código de Contravenciones, el código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, la Ley de Registro Civil, la Ley de la Organización de la Administración Central del Estado, la Ley Tributaria y la de Posesión y Uso de la Tierra.
Anunció que en 2025 se prevé la discusión de 13 leyes, siete de ellas pendientes del presente año.
Sobre la Ley de Organización de la Administración central de Estado, detalló que se pospone para julio de 2027, pues debido a su complejidad aconseja que primero se aprueben otras leyes y la creación de las condiciones propicias que se requieren.
Añadió que durante el 2024, tras ser sometidas al sistema de Capacidad Legislativa, se decidió no mantener en el programa las leyes de Franquicias e Inmunidades Diplomáticas y de Soberanía.
En cuanto a la primera norma se valoró que no resulta necesario una nueva Ley dado que la vigente mantiene los requisitos de actualidad para el tratamiento de esos temas y solo se realizará una actualización de su reglamento.
Por otro lado, se determinó que en el ordenamiento jurídico nacional se encuentran abordados en diversas regulaciones los elementos que fundamentan la soberanía nacional, por lo que no se considera viable su regulación en una Ley.
Durante la sesión de clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones del Parlamento, el secretario del órgano legislativo, Homero Acosta, informó sobre la ratificación de los decretos-leyes y acuerdos aprobados por Consejo de Estado, durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2024.
Los diputados además decidieron que el Ministerio de Transporte sea sometido al ejercicio de la más alta fiscalización en el próximo periodo ordinario de sesiones.
También se acordó que la provincia Camagüey y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación rendirán cuentas de su gestión.
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