La presidenta de la mesa legislativa, Gissela Garzón, señaló que por estos días reciben los aportes de expertos en diferentes materias y el informe, previsto inicialmente para ser entregado al pleno el 22 de diciembre, demorará un poco más.
Había un cálculo electoral claro, que lo negaban, pero existía indiscutiblemente, y ahora estamos en la fase de que el debate salga de lo político y llegue a lo técnico, añadió Garzón en declaraciones a la prensa.
Comentó que entre los especialistas convocados han visto diferentes posturas y mostró preocupación por la noticia de que las Islas Galápagos, sin necesidad de reforma constitucional, tienen permiso para recibir tropas de Estados Unidos. No quiero pensar que esta reforma únicamente fue una especie de parche y que los legisladores y la misma Corte Constitucional somos una burla para el gobierno, porque eso sería malo para el país, para la situación de seguridad, e incluso para nuestra región, aseveró la asambleísta.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, prohíbe la instalación de bases militares, aunque Noboa busca modificarla con el argumento de que son necesarias para enfrentar el crimen organizado.
Luego de una eventual aprobación de la propuesta en el legislativo, sería el pueblo ecuatoriano el que decida en las urnas.
Expertos coinciden en que eso implica riesgos para la soberanía nacional y subrayan que para disminuir la criminalidad se requiere fortalecer las políticas sociales y no depender de una estrategia militar externa que, históricamente, ha demostrado ser ineficaz y lesiva para la autonomía del país.
La experta constitucionalista Carla Álvarez, que compareció en la Comisión, se refirió a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, que busca ampliar su influencia mediante presencia militar, a diferencia de China, que despliega su poderío mediante estrategias comerciales como la iniciativa de la Franja y la Ruta.
En cuanto a los acuerdos ya firmados entre Quito y Washington, como el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés), criticó el desequilibrio de las condiciones de negociación y, por otro lado, frente a desafíos de seguridad sugirió soluciones regionales comunes.
Como complemento, Pablo de la Vega, abogado y defensor de derechos humanos, advirtió que la cooperación militar, instalación y administración de bases militares estadounidenses en el extranjero representa una estrategia de ese país para consolidar su poderío frente a adversarios actuales o potenciales.
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