Pacheco pidió al organismo judicial que se conceda inmediatamente el salvoconducto correspondiente al exvicegobernante, requerido por la cancillería de México y negado por el Gobierno ecuatoriano.
Según comentó la activista a Prensa Latina, en julio pasado su organización hizo el reclamo al presidente Daniel Noboa y a la canciller Gabriela Sommerfeld; sin embargo, Glas continúa tras las rejas.
La dirigente del Comité 2 de Octubre criticó el allanamiento a la embajada de México en Quito por parte de uniformados ecuatorianos por orden de Noboa, hecho que violó las normativas nacionales e internacionales.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática.
Noboa reiteró esta semana la negativa a entregarle un salvoconducto pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.
Glas se pronunció vía telemática este viernes desde la prisión La Roca, en Guayaquil, en una audiencia sobre el caso Reconstrucción de Manabí.
En su alegato refutó las acusaciones de supuesto desvío de recursos durante la reconstrucción de esa provincia costera luego del devastador terremoto de 2016.
Debido a su estado de salud, la defensa del exvicepresidente, basada en el Código Orgánico Integral Penal, solicitó su traslado hacia un hospital psiquiátrico por padecer un trastorno relacionado con intentos de suicidio.
El abogado de Glas, Andrés Villegas, pidió la aplicación de esa medida e insistió en que fue una detención ilegal porque se violaron convenios internacionales al allanar la sede diplomática mexicana.
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