El exministro de la Casa Civil y Defensa durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) fue acusado en noviembre, en una investigación de la Policía Federal (PF), por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía) entiende en el documento que las justificaciones del general «de entorpecer la investigación en curso denotan lo imprescindible de la medida extrema, dado que solo la segregación del agravante podrá garantizar el cese de la práctica de obstrucción».
Según el texto, la apelación emitida por la defensa no presenta argumentos capaces de alterar la comprensión sobre los crímenes cometidos.
En medio de la detención, el jefe militar informó al Supremo Tribunal Federal (STF) que cambió su staff de abogados en los procesos que se tramitan en la corte.
Salió el jurista Luis Plata y entró el criminalista José Luis Oliveira Lima, quien fue representante de políticos denunciados en la operación judicial Lava Jato.
La indagación de la PF que acusó a Braga Netto por supuesto intento de golpe también inculpó a Bolsonaro y a otras 38 personas por implicación en el presunto esquema.
En relación con el exministro, la fuerza del orden público afirmó que «los elementos probatorios obtenidos a lo largo de la investigación evidencian su participación concreta en los actos relacionados con el intento de golpe de Estado y de Abolición del Estado Democrático de Derecho, inclusive en el intento de obstruir el presente procedimiento».
Además, según la PF, el general tenía conocimiento y aprobó los planes articulados para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Durante la pesquisa, la policía concluyó que Braga Netto era el arquitecto del golpe, es decir, la principal autoridad detrás de su planificación y daba respaldo y credibilidad entre los oficiales y comandantes.
Era, en palabras de un perito, «la cabeza, el mentor del golpe, pero bajo el mando de Bolsonaro».
Fue en la casa de Braga Netto, por ejemplo, que la PF indica que el 12 de noviembre de 2022 hubo una reunión «para presentar la planificación de las acciones clandestinas con el fin de dar apoyo a las medidas necesarias para tratar de impedir la toma de posesión del Gobierno elegido y restringir el ejercicio del Poder Judicial».
Los golpistas articularon, asimismo, la posibilidad de asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, del STF.
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