De diversas formas en el istmo rememoraron las huellas que dejó desde el 20 de diciembre de 1989 la mal llamada operación Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, pero en realidad trajo la muerte y destrucción, sobre todo en barrios humildes como El Chorrillo, en esta capital, según testigos.
En varios puntos se realizó la tradicional Marcha Negra en la que sus participantes reclamaron justicia por los caídos, otras víctimas inocentes y sus familiares.
Desde el barrio mártir de El Chorillo, arrasado por los bombardeos, uno de sus pobladores, el doctor Carlos Smith señaló a Prensa Latina que el lema Prohibido Olvidar es hoy más vigente que nunca.
Smith catalogó el vil ataque como una brutal agresión, además innecesaria, que como pueblo no lo merecíamos ni solicitamos y cuyos responsables, el Gobierno de Estados Unidos, deben ser sancionados.
También el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) Marco Andrade, rechazó el llamado del presidente de la República, José Real Mulino, a reflexionar sobre estos acontecimientos.
El gobernante prácticamente bendijo la invasión, dijo, al evocar esos hechos y lo que el llamó como el inicio del fin de una dictadura, lo que calificó como una conducta indigna de un panameño.
En la jornada las autoridades gubernamentales realizaron por su parte, los actos protocolares en el cementerio Jardín de Paz, donde el canciller Javier Martínez -Acha se comprometió a cumplir con la ley que establece el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional.
Entre otros recamos, los familiares de las víctimas manifestaron que se necesita la agilización de temas burocráticos para poder lograr la identificación de los fallecidos en esa época y darles paz a esos seres queridos.
Sobre la fecha, el secretario general de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, aseveró que se recuerda en medio de otra batalla contra el “robo del siglo”, según lo calificó, sobre el proyecto de Ley 163, a través del cual el Gobierno pretende apropiarse de los fondos de la estatal Caja de Seguro Social (CSS).
Méndez denunció que la intención es llevarse esos recursos para los bancos, las administraciones de pensiones y eso no pasará porque el pueblo nuevamente peleará en las calles, como expresión de la mayor democracia y de libertad.
En la semana, el titular de la comisión de Salud de la Asamblea Nacional (parlamento), Alain Cedeño, se opuso a la creación de una mesa tripartita técnica para evaluar las propuestas de modificaciones emanadas de consultas ciudadanas sobre el proyecto de ley.
Según el diputado, el lunes próximo comenzarían las deliberaciones del primer debate de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que las organizaciones populares demandan sea retirada porque impulsa medidas paramétricas con elevar la edad de jubilación y crea cuentas individuales en detrimento del sistema solidario para el pago de pensiones.
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