“Turismo sí, cárcel no”, decía una de las pancartas que llevaban quienes realizaron este sábado una caminata contra el centro penitenciario.
Medios locales reportaron que la ciudadanía pidió acciones que permitan un fomento a la economía local, algo que con una nueva prisión se vería afectado.
Inicialmente, la cárcel se levantaría en Archidona, en la Amazonía, pero tras 15 días consecutivos de protestas de organizaciones indígenas y colectivos sociales, el Gobierno anunció el traslado de la obra.
En otro sitio de Santa Elena desde junio de este año se construye otro centro de privación de libertad.
Residentes de la localidad Bajada de Chanduy presentaron ante la justicia una demanda contra esa primera cárcel que ya se levanta en una zona donde la comunidad alega ser nativa, por tanto, tendría el derecho para que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario.
Sin embargo, la jueza constitucional de Guayas, Tannya Guzmán, negó este sábado la acción de protección presentada por los habitantes de esa comunidad en conjunto con el Comité Permanente por los Derechos Humanos.
Según una investigación de la Alianza por los Derechos Humanos (Inredh), la construcción de esta cárcel atraviesa un terreno de 300 hectáreas donde existe un bosque nativo primario que alberga una alta diversidad de flora y fauna silvestre.
Además, señalan que allí hay restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales.
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