El gobernante aspira a mantenerse en el cargo luego de un corto periodo de mandato tras la muerte cruzada activada en 2023 por su predecesor, Guillermo Lasso.
En esta nación sudamericana, la normativa establece que los jefes de Estado que buscan la reelección inmediata al mismo cargo deben solicitar licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral y dejar el puesto en manos de la vicepresidencia.
En el caso de Noboa, hay dos cuestiones en el debate sobre el tema.
Por un lado si se considera reelección, porque no estuvo en el poder un periodo completo, sino que cubrió el tiempo restante del mandato de Lasso, y, por otro, la controversia con su vicepresidenta, Veronica Abad, quien está suspendida por una polémica sanción administrativa.
Es evidente que el mandatario busca alternativas legales para evitar encargar la presidencia a Abad, quien ha catalogado como persecución y violencia política de género la actitud de Noboa y su gabinete.
Este lunes 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera dictará su fallo relacionado con la demanda presentada por Abad contra su penalización establecida por el Ministerio de Trabajo, aunque aún tendrá pendiente el 27 de diciembre un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La exasesora presidencial y actual candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, Diana Jácome, pidió al TCE la destitución y la pérdida de los derechos políticos de la vicegobernante.
Respecto al tema de la licencia de Noboa, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, dijo recientemente que hay muchos caminos constitucionales que deben analizar primero.
De la Gasca indicó que podría no hacer uso de la licencia o podría encargar la jefatura del Ejecutivo a Sariha Moya, secretaria nacional de Planificación, a quien en noviembre designaron por decreto como vicemandataria tras la suspensión de Abad.
En ese caso, Moya sería presidenta del país durante la campaña electoral, que se realizará desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025, pero eso depende de las decisiones judiciales sobre Abad.
En ese contexto de debates legales, el especialista en derecho constitucional y temas electorales, Esteban Ron, sostuvo que Noboa sí debe cumplir con la obligación de solicitar licencia para participar en la campaña, conforme al artículo 93 del Código de la Democracia.
En su opinión, independientemente de las particularidades del caso, el mandatario es un servidor público y, por tanto, debe cumplir con las disposiciones legales aplicables a cualquier funcionario que busque la reelección.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que no tiene competencia para determinar si Noboa debe solicitar licencia para participar en la campaña e indicó que cualquier decisión al respecto corresponderá a otras instancias, como el TCE.
“Si hubiese algún pronunciamiento, se tendría que aplicar para todos los casos”, agregó la titular del CNE sobre la posibilidad de que esa medida se extienda también a candidatos a la Asamblea Nacional que actualmente ejercen como legisladores.
Aunque apenas faltan 14 días para la campaña, existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá y quién finalmente estará durante un mes al frente del Palacio de Carondelet, previo a las elecciones generales del 9 de febrero.
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