El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó a la prensa que la medida fue aprobada por unanimidad y será presentada al fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Comentó que esos “delincuentes y arrastrados” enviaron una carta al jefe de Misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, de quien dijo “es su dueño, propietario y su capataz”.
Rodríguez señaló que en la misiva le dijeron al funcionario estadounidense que “todavía somos la Asamblea Nacional de 2015, único órgano vigente”.
El titular parlamentario indicó que ellos “necesitan los reales antes de que cambie el gobierno de Estados Unidos (el 20 de enero venidero)”.
Son partidas millonarias provenientes de los dividendos de la empresa Citgo y los activos robados a los venezolanos, agregó.
El diputado señaló que hasta este momento esos legisladores perciben cinco mil dólares mensuales mediante una partida denominada “guardianes de la democracia”.
Refirió que “el analfabeto de Juan Guaidó percibe solo 15 mil dólares mensuales por conceptos de estas partidas”.
Rodríguez reflexionó que la carta tiene como clara intención seguir recibiendo dinero para seguir financiando las conspiraciones y acciones lesivas a la paz reinante en el país.
Pero, además, continuar “engordando los bolsillos de los diputados y diputadas de la comisión delegada secreta”.
Sobre esta última, expresó que su carácter revela la no presencia de registro de elección, reunión, votación y ni la existencia de estos supuestos diputados vitalicios que se abrogan un cargo que no les corresponde.
Afirmó que no es tanto la estupidez de estos diputados, sino su “arrastramiento, sojuzgamiento y postración”.
Subrayó que la aplicación de la mencionada Ley Orgánica y la de Extinción de Dominio deben ser impuestas de inmediato a Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, autodenominadas, respectivamente, presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta del extinto Parlamento de 2015.
Debe aplicarse de inmediato lo que está establecido en materia de inhabilitación política y delitos de orden penal, tipificados en la Ley Simón Bolívar y de Extinción de Dominio “por este adefesio y demostración de barbarie e infamia”, subrayó.
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