Según Vera, el 17 de diciembre recibió en su despacho al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a otros funcionarios que le advirtieron sobre una posible destitución si emitía una sentencia favorable a Abad.
La magistrada afirmó tener en su poder una memoria USB con instrucciones sobre cómo debía fallar y responsabilizó a esas personas de cualquier amenaza a su integridad o la de su familia.
Luego de esas declaraciones, el Consejo de la Judicatura, entidad encargada de la administración y disciplina de la función judicial, divulgó un comunicado en el que rechazó las acusaciones, que calificó como mal intencionadas y con un tinte político.
Según el texto, que no menciona a Vera ni a Abad, la institución reafirma su compromiso con los principios de independencia judicial y transparencia, esenciales para la democracia ecuatoriana.
Godoy, por su parte, negó en una rueda de prensa que haya ejercido presiones para que la jueza dictara una sentencia contra la vicepresidenta de la República.
«Lo niego categóricamente. No realizo procesos de sanción o amenazas de sanción, ni a esa doctora ni a ningún operador de justicia».
La Asamblea Nacional (Parlamento) anunció que iniciará procesos de control en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para determinar responsabilidades políticas en ese caso y convocará a Godoy para que comparezca ante el pleno.
Este lunes, Vera falló a favor de la vicepresidenta Abad y dejó sin efectos la sanción administrativa que la suspendió del cargo por 150 días.
Como medida de reparación, la jueza dispuso al Ministerio de Trabajo dejar sin efecto el sumario administrativo y que su titular, Ivonne Núñez, le pida disculpas públicas a Abad, a quien luego el presidente Daniel Noboa envió de vuelta a Türkiye, a donde debe llegar antes del 27 de diciembre.
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