El Legislativo decidió remitir una petición de acción urgente al Comité contra la Desaparición Forzada, órgano de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil y testigos vieron que uniformados se los llevaron en una camioneta.
El video de la detención militar de los menores fue revelado durante una sesión del pleno de la Asamblea.
Este lunes el organismo parlamentario esperaba la comparecencia de autoridades para dar explicaciones sobre el caso, sin embargo, no asistieron.
«Es una falta de respeto a las familias de los cuatro menores desaparecidos, y a todo el pueblo ecuatoriano, que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo no comparezca al pleno a dar respuestas a quienes claman por sus hijos», manifestó la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz.
Afirmó que las familias no quieren «niños héroes, quieren que sus hijos regresen con vida, sanos, salvos», en relación con la propuesta del presidente Daniel Noboa de declararlos héroes.
Padres de los adolescentes se pronunciaron ante el pleno y, desesperados, pidieron apoyo para encontrar a sus hijos vivos.
La legisladora Paola Cabezas, del movimiento Revolución Ciudadana, comentó que lo ocurrido es apenas la punta del iceberg de un problema estructural y sistémico con un discurso racializado, «crímenes de lesa humanidad no prescriben y jamás se debe violar los derechos de la población civil», subrayó.
Durante la jornada, ciudadanos se movilizaron para exigir respuestas con plantones en Quito y Guayaquil, mientras la Fiscalía allanó la Base Militar de Taura, a donde pertenecen militares vinculados al caso.
Loffredo reconoció que los niños fueron detenidos por militares, porque habrían cometido un delito.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, anunció en la noche del sábado la conformación de un Tribunal de Disciplina de las Fuerzas Armadas para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares.
El presidente Noboa pidió no tratar lo ocurrido como una desaparición forzada y rechazó que se busque llamarlo “crimen de Estado”.
Lo ocurrido con los menores tiene lugar en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción que autoriza al Ejército a realizar operativos en las calles, lo cual ha puesto bajo la lupa la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
npg/avr
