En entrevista este lunes con la emisora Radio Democracia, el mandatario consideró que “no es el momento” de tratar lo ocurrido a los menores del sector Las Malvinas, en Guayaquil, como una desaparición forzada y rechazó que se busque llamarlo “crimen de Estado”.
“Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, la gente necesita respuesta… No vamos a defender a nadie”, aseguró el gobernante, que la víspera recibió críticas en redes sociales por su pronunciamiento dos semanas después de los sucesos.
La Asamblea Nacional, universidades, políticos y ciudadanía en general reclaman que los niños sean devueltos vivos a sus padres.
Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil y testigos vieron que hombres con uniformes militares y policiales se los llevaron en una camioneta.
Desde ese momento se desconoce su paradero y existen cuestionamientos a las instituciones castrenses por un presunto uso indebido de la fuerza.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo rechazó “una narrativa motivada por intereses políticos” que pretende vincular a las Fuerzas Armadas el hecho y culpó a grupos criminales por el delito.
No obstante, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, anunció la conformación de un Tribunal de Disciplina de las Fuerzas Armadas para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares.
La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Viviana Veloz, llamó a dar explicaciones este lunes a Loffredo y otros funcionarios.
Activistas y familiares de los menores anunciaron manifestaciones hoy en las sedes de la Fiscalía en la provincia de Guayas y en esta capital para exigir respuestas.
A su vez, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil presentó una acción de protección y pidió la actuación urgente del grupo de trabajo de desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La desaparición de los menores tiene lugar en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción, lo cual ha generado conmoción en el país y ha puesto en el foco la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
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