De Moraes defendió la reclusión preventiva del consejero de la Corte de Cuentas de Río de Janeiro Domingos Brazão, del diputado federal Chiquinho Brazão, y del exjefe de la Policía Civil de ese estado Rivaldo Barbosa.
Los tres permanecen detenidos desde marzo en prisiones federales.
Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y el conductor Anderson Gomes en la noche del 14 de marzo de 2018, en Río.
La activista por los derechos humanos regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el chofer en la espalda.
Por el crimen, los expolicías militares Ronnie Lessa, quien confesó haber ejecutado el ataque, y Élcio Vieira de Queiroz Lessa, que condujo el coche usado en el delito, fueron condenados el 31 de octubre a 78, nueve meses y 30 días, y 59 años, ocho meses y 10 días, de cárcel, respectivamente.
De acuerdo con la investigación realizada por la Policía Federal, el crimen de Franco está relacionado con la posición contraria de la extinta parlamentaria a los intereses del grupo político liderado por los hermanos Brazão, relacionados con problemas de propiedad en zonas controladas por milicias en Río.
En su declaración, Lessa confirmó haber disparado a la concejal y que los hermanos Brazão y Barbosa actuaron como los autores intelectuales del homicidio.
Barbosa habría participado en los preparativos de la ejecución del hecho de sangre.
Desde el inicio de las investigaciones, los acusados niegan haber participado en el atentado.
La Fiscalía de Río presentó el 9 de diciembre un recurso para aumentar las penas de los ejecutores del asesinato.
En la apelación, los fiscales de la Fuerza de Tarea del Grupo de Acción Especializada para el Combate al Crimen Organizado piden pena máxima por los dos homicidios y uno tentado.
Demandan 30 años por los crímenes de Franco y Gomes, y 20 por Fernanda Chaves, asesora de la concejala que estaba en el coche tiroteado. Eso sería 80 años más dos por el montaje del automóvil usado en el día de la agresión violenta.
En el documento enviado al cuarto Tribunal del Jurado, la Fiscalía destaca la necesidad de revisión de las penas, bajo el argumento de que aspectos fundamentales relacionados con la gravedad de los crímenes, como la repercusión internacional y el modus operandi, no fueron considerados adecuadamente en la sentencia de primera instancia.
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